Enzo Pagani conversó en “Tiempo Judicial” con Nicolás Resco y Alexandra López acerca de cómo el “el traspaso de la Justicia de Nación a la Ciudad” va a influir en la vida del vecino.
Frente a dicho panorama, el magistrado expresó al medio que el traspaso es uno de los temas que parecería ser difícil de trasladar concretamente y que parece generar un importante impacto frente al vecino común, que de por sí tiene tantas preocupaciones y que está atravesando un momento difícil y de reconstrucción de la Argentina.
La mejor manera de explicar esto tiene que ver básicamente con la implementación plena de dos tipos de fueros, de dos tipos de Justicia dentro de la Ciudad de Buenos Aires: el penal en términos concretos y ampliados (para superar de manera muy contundente lo que tenemos actualmente en el ámbito de la Ciudad) y el fuero del consumo.
Estas dos nuevas competencias que va tener la Ciudad, aunque la penal ya la tiene parcialmente, tienen un correlato con la realidad muy concreto. Más aún si lo asociamos a una de las principales preocupaciones que tienen los vecinos de la Ciudad y los del conurbano bonaerenses: la condiciones de seguridad.
Si nosotros logramos llevar una prestación de servicios de justicia eficiente y cercana al vecino que permita dar resultado y respuesta institucional ante un delito o ante la comisión de un delito de manera rápida y efectiva, naturalmente eso va a redundar en beneficio de la vida del vecino y de los que habitamos la Ciudad de Buenos Aires.
Por otro lado, si a eso le sumamos que desde hace un año tenemos un cuerpo de policía unificado por la Ciudad de Buenos Aires, es perfectamente lógico imaginar que el ciudadano que habita la Ciudad de Buenos Aires, tanto como aquel que la transita a diario, va a poder tener una prestación de justicia y de fuerza de seguridad que le brinden un beneficios directos sobre su calidad de vida (en materia de Justicia Penal).
Luego de Consumo entramos en un fuero diferente, en una cuestión distinta, hasta se diría que va a ser una cosa nueva para afrontar en términos de Justicia, porque en la Nación no funcionaron nunca estos juzgados si bien estaban creados por ley. Asimismo, también es una justicia que apunta a dar un servicio concreto, eficiente y especifico al vecino, sobre todo a la hora de tener la tutela y el acompañamiento jurisdiccional ya que cuando se trata de cuestiones a partir de las relaciones de consumo, se genera una relación de desigualdad entre el comprador, entre el usuario y la empresa. Es en esos casos en que la Justicia podrá intervenir para equilibrar y solucionar cualquier cuestión de desigualdad, o cualquier cuestión no conforme a derecho se hubiere producido.
En materia penal, lo que se incluyó en el objeto de este traspaso, es la transferencia de 49 estructuras vacantes. Todas estas estructuras que se están transfiriendo de la Nación a la Ciudad no tienen titulares a cargo (Ni Juez, ni fiscal, ni defensor, ni titular Vocalía a cargo de estos Juzgados), por lo que dichos juzgados funcionan con un Juez o Fiscal Subrogante, que al mismo tiempo atiende las necesidades de esta otra unidad judicial.
Para que quede claro: los planteos que hace la asociación de los Magistrados, quejándose por el traspaso forzoso de jueces de una jurisdicción a otra son infundados. Eso no está sucediendo. No hay un solo juez que se esté traspasando de manera forzada de la jurisdiccional Nacional a la jurisdiccional local ya que hemos trabajando sobre la base de las estructuras vacantes para que ningún magistrado se sienta forzado, y que ningún magistrado vea menoscabado su preocupación o su reputación por dejar de ser juez Nacional. Estas 49 estructuras vacantes que se traspasan van a dar lugar a otros tantos concursos en el ámbito de la Justicia de la Ciudad, para completar esas mismas estructuras o aquellas en las cuales se transformen.
Básicamente se ha conversado mucho con la oposición política y te diría que este convenio que firmó el Presidente y Jefe de Gobierno es un convenio que, en líneas generales, fue trabajo con el Congreso Nacional, principalmente con la Cámara de Senadores, porque sabemos que se está quebrando una lógica histórica, más allá que esto es un derecho constitucional que está acordado por la CN del 94 y refrendado por la Constitución local de la Ciudad en el 96, hace más de 20 años.
Aún con esa contundencia en materia de derecho constitucional, nosotros entendemos que se trata de una cuestión de intereses políticos y de una lógica de funcionamiento de las instituciones y del sistema de justicia que ha tenido mucho más que ver con un rol de las Provincias. Seguramente esto no es justo para la Ciudad de Buenos Aires, pero hay que negociarlo. No se está forzando ninguna decisión, todo lo contrario, estamos tratando de que esto sea un proceso de seducción y de convencimiento (porque tenemos los motivos y argumentos para que la Ciudad de Buenos Aire brinde un mejor servicio de Justicia).
La Legislatura va a ratificar este Convenio rápidamente con una mayoría muy amplia a la hora del Congreso Nacional (están los senadores incluso con la oposición con quienes hemos conversado) y, una vez que el Senado le dé la aprobación, deberá ir a Diputados para discutirlo desde otro lugar.
Con respecto al traspaso, vemos que el tema de los jueces es una cuestión más corporativa, de status quos, de jueces que no quieren venir a ser jueces de la Ciudad. Por la cuestión histórica de que la Ciudad de Buenos Aires fue Capital Federal siempre fueron jueces nacionales, más allá que nunca ejercieron su jurisdicción más allá que la General la Paz, pero, también es cierto que la característica del distrito le daba el rango del juez Nacional. Entendemos que haya magistrados que no quieran ser magistrado de la Ciudad de Buenos Aires, por eso no forzamos a ninguno a venirse en esta etapa.
Con respecto a la cuestión de los gremios, hay conflicto de intereses porque dicen “que se conservaran categoría, intangibilidad, obra social, derechos previsionales…” Esto quedó garantizado con una cláusula expresa para que la ratificación por parte del Congreso le de la certeza de que ninguno de esos derechos puede ser cercenado. Más allá que está reconocido por la ley, porque no se podrían modificar las condiciones laborales de manera arbitraria, iría en contra de los principios del derecho laboral y administrativo.
En relación con los tiempos, la Legislatura lo estará aprobando la primer semana de Marzo y en el Congreso será más debatido, por ende deberá ingresar por comisión en Marzo y deberá ser tratado primero por la cámara de Senadores, y una vez aprobado pasará a Diputados para su consideración. Es probable que en el ámbito del Congreso lleve un poco más de tiempo.
Al mismo tiempo que este proyecto puede tener dos o tres meses, el Convenio expresamente prevé que a 120 días posteriores por parte del Congreso, entra en vigencia el traspaso de las Justicias. Estaría implementado el fuero penal para tener ejercicio de las competencias para el mes de septiembre del corriente año.