El debate y aprobación de la Reforma Previsional impulsada por el gobierno generó discusiones y decantó en manifestaciones que se saldaron con los enfrentamientos ocurridos el pasado jueves 14 y 18 de Diciembre en las cercanías del Congreso de la Nación Argentina.
Los hechos de violencia generaron que diversos grupos políticos atribuyeran agresiones dentro y fuera del recinto al poder ejecutivo, alegando la militarización.
En este sentido, el operativo dispuesto por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, desplegando a Gendarmería el día jueves, fue contrarrestado el día 18 por la resolución dictada por la Juez Patricia López Vergara, en el recurso de amparo interpuesto por el legislador Mariano Recalde, donde solicita medidas con el objeto de garantizar la seguridad de los manifestantes en la manifestación del día referido.
Entre otros puntos, esta resolución obligaba al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por medio del Ministerio de Justicia y Seguridad, que los agentes intervinientes en el operativo del pasado lunes no podían disponer de armas de fuego en caso de registrarse incidentes.
En efecto, López Vergara señaló además que la posta de goma y el material químico anti tumulto sólo podrían utilizarse bajo la modalidad de último recurso, a una distancia que minimice posibles consecuencias nocivas sobre los manifestantes.
La decisión judicial tuvo consecuencias: 88 miembros de la Policía de la Ciudad resultaron heridos de diversa consideración, con contusiones, lesiones y pérdidas oculares y hasta quemaduras, desbordados e imposibilitados de cumplir con su labor.
Por su parte, el Presidente Mauricio Macri criticó la decisión de la magistrada en una conferencia de prensa ofrecida el pasado martes Se vislumbra a raíz de decisiones tomadas en ese contexto que el Poder Judicial es independiente del Ejecutivo.
Lo cierto es que los hechos de violencia suscitados contra las fuerzas de seguridad, por un lado, y las medidas judiciales dispuestas, por el otro, evidencian que tal relación de dependencia entre el Poder Ejecutivo y el Judicial es inexistente, remarcando la condición independiente del Ejecutivo encabezado por Mauricio Macri.
En el mismo sentido se pronunció el Secretario de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro: "Uno empieza a entender la finalidad del fallo que dio la jueza López Vergara. Queda de manifiesto que lo que pretendía era tener una fuerza diezmada, desarmada a los efectos que fue la pasada por arriba del grupo de violentos", dijo el funcionario en una entrevista televisiva.
Asimismo, días más tarde el fiscal federal Germán Moldes pidió, en un dictamen de apelación por los sobreseimientos de cuatro personas aprehendidas en una marcha por Santiago Maldonado, que se dicten nuevas leyes en las que las detenciones en manifestaciones no sean excarcelables.
Según Moldes, los hechos de violencia ocurridos en la última semana pueden repetirse durante la Cumbre del G-20 del próximo año, en la que Argentina será anfitrión.