Cuando hablamos de democracia, podemos distinguir entre una concepción minimalista de la democracia que enfatiza la competencia electoral por los cargos de gobierno y/o la posibilidad de rotación electoral en el poder, y otra concepción que podemos llamar maximalista que enfatiza los valores como la libertad, la igualdad, la representación, la participación más allá de la competencia electoral por los cargos como explica la Dra y Profesora, en la definición anterior.
Constanza Mazzina, sostiene "Esta definición agrega valores es decir tiene una aspiración normativa, en este sentido esta concepción maximalista asocia la democracia a dos tradiciones: la tradición republicana y la tradición liberal, de cada una de estas tradiciones nuestro concepto de democracia recupera valores, tales como: la igualdad ante la ley, la libertad individual, el control judicial sobre el poder ejecutivo, el control del poder legislativo sobre el poder ejecutivo también, entonces en esta clave encontramos: respeto a los derechos individuales (de prensa, de opinión, de circulación, reunión), mecanismos de frenos y contrapesos, temporalidad en el ejercicio del poder, rotación, alternancia y, sobre todo, el tema de la rendición de cuentas". Acá la democracia republicana se distingue y se aleja de otros tipos de democracia como la democracia delegativa de O´Donnell o la Democracia Populista como decía el Dr. Mario Serrafero.
Entonces, en el centro de la democracia liberal republicana está limitar el poder, que ningún actor tenga todo el poder en sus manos por un tiempo indefinido, y en su genética, en su ADN está el respeto y la tolerancia. En este contexto para esta democracia el Estado de Derecho es la condición necesaria que hace posible que funcione debidamente.
¿Qué es lo que pasa en Argentina hace décadas? Tenemos un sistemático deterioro del Estado de Derecho, que nos lleva a una crónica crisis de nuestro sistema de representación y, por lo tanto, a una crónica crisis del sistema democrático. ¿Y por qué sostengo una crónica crisis? Porque en la genética de nuestro sistema democrático está la idea de la rendición de cuentas y la democracia argentina nunca termina de rendir cuentas. En la génesis de la rendición de cuentas existe el sistema de frenos y contrapesos, pero también están las instituciones que han sido justamente creadas para controlar a los poderes del Estado (auditorías, oficinas anticorrupción, etc.) y también está lo que llamamos la rendición de cuentas vertical: es la de los gobernantes a los gobernados, pero acá también tenemos una enorme deuda por parte de nuestra clase política de que no rinden cuentas a los gobernados y tampoco hay una idea de servicio al ciudadano.
Por el lado de los ciudadanos, también somos una sociedad de ciudadanía flaca, muy endeble, es decir la democracia necesita un ciudadano exigente, y esa democracia exigente exige participación al ciudadano.
La rendición de cuentas debe estar internalizada por parte de los funcionarios, por parte de los gobernantes, sean electos o no, secretarias, direcciones, deberían rendir cuentas de sus acciones, de sus gastos, de sus decisiones, de cómo se toman esas decisiones porque así debería estar seteado: es una auto exigencia, es conciencia de que yo le estoy dando un servicio al ciudadano y que el ciudadano con sus impuestos me está pagando mi salario. En cambio, si permanentemente el ciudadano tiene que estar exigiendo esa rendición de cuentas, termina poniendo la carga de la prueba del lado del ciudadano. Si el ciudadano no exige el gobernante no rinde cuentas, independientemente de esa exigencia ciudadana y esa participación ciudadana que son centrales para el fortalecimiento de la democracia, necesitamos esa conciencia por parte de funcionarios de que tienen que rendir cuentas: que es parte de su obligación. La democracia exige transparencia, sin transparencia es de baja calidad. Y del parte de nuestra ciudadanía necesitamos una toma de conciencia sobre su rol central en la democracia, que implica un rol activo, no solo el día de elecciones, sino de modo permanente.
Continúa el enfoque y cierra con su autoría el Dr. Jorge Luis Maiorano ( aportando datos relevantes desde su larga trayectoria en la calidad institucional).
Uno de los males que afecta a los países de América Latina, en general, es la denominada “cultura del secreto”, que supone la falta de transparencia, de rendición de cuentas y de difusión de los actos de Gobierno. En ese sentido nuestro PAÍS no escapa a esa regla: tenemos democracia pero es mas formal que real.
Por ello se impone fortalecer el derecho de acceso a la información, que además de constituir una herramienta legal para alcanzar la transparencia de los actos del Estado, es también un medio de fiscalización y participación efectiva de todos los sectores de la sociedad. Sólo así, lograremos una democracia plena.
La experiencia demuestra que la transparencia y el acceso a la información pública ayuda a la sociedad civil a entender cuáles son sus derechos, en cambio, la cultura del secretismo, es caldo de cultivo de los actos de corrupción. Un derecho que no se conoce es un derecho que no se ejerce y un derecho que no se ejerce es un derecho que se atrofia, allí esta el secreto: que todos los ciudadanos (no solo administrados) sean protagonistas y no simplemente espectadores. Y aquí hago una distinción que no es meramente semántica: se habla con frecuencia por parte de todos los operadores sociales del Estado ausente; si falla la seguridad la culpa es del Estado, si faltan camas el culpable es el Estado ausente, siempre se culpa al Estado. Ahora me pregunto ¿Qué es el Estado? Población, territorio y gobierno es la conceptualización clásica ¿Pero jurídicamente que es? Es una persona jurídica, es decir un sujeto creado por el Derecho, no es fruto de un acto de amor de dos personas. El Código Civil y Comercial de la Nación distingue las personas humanas de la personas jurídicas; mientras la existencia de las primeras comienza con la concepción (art. 19), personas jurídicas son todos los entes a los cuales “…el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones…” art. 141); sigue la línea del Código Civil de Vélez Sarsfield cuando distinguía las personas de existencia visible de las de existencia ideal. Ello implica que las personas de existencia ideal o jurídica son una creación del derecho. El artículo 146 del CC y C. de la Nación prevé en su artículo 146 que son personas jurídicas públicas: a) el Estado nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires….”. Por ello cabe preguntarse ¿Es válido hacer referencia promiscua a un Estado ausente o imputarle inacción? ¿Es el “Estado” quien debe cargar con esas culpas y aparecer estigmatizado ante la opinión pública? No es el Estado el ausente, ni el perverso, ni el corrupto; son los funcionarios investidos de poder quienes deben aparecer como responsables ante la opinión pública; de lo contrario, resulta muy sencillo esconderse detrás del Estado (ente ideal, invisible) y así deslindar responsabilidades, que en la práctica es lo que sucede.
La transparencia es un derecho de la sociedad, forma parte de los llamados derechos de incidencia colectiva previstos en el artículo de la CN. Y si es un derecho de la sociedad el obligado es el gobernante y ese gobernante debe recordar que hay un regla clásica que enseña que a mayor poder, mayor control y por ello mayor responsabilidad.
Agradezco a ambos, por contribuir a través del llamado conocimiento empírico, siendo el broche de oro la certeza jurídica.
(*1) La autora es Dra en Ciencias Políticas. Realizó su Posdoctorado en el Institud Barcelona d´Estudis Internacionals (IBEI). Es Magister en Economía y Ciencia Política de ESEADE, donde actualmente dicta la materia "Análisis Institucional" en la misma Maestría. Es docente de Posgrado en UBA, UB, USAL. Columnista. Especialista en Análisis Político Argentino y Política Latinoamericana.
(*2) Abogado; (USAL). Especializado en Derecho Administrativo Profundizado (UBA).Doctor en Jurisprudencia (USAL). Ex Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (UB). Profesor Emérito de Derecho Administrativo (USAL, UB).Ex Decano de la Escuela de Posgrado en Derecho (UB). Ex Director de la Especialización en Derecho Administrativo (UB). Profesor de Derecho Administrativo (UB). Profesor de la Especialización en Derecho Administrativo (UBA). Defensor del Pueblo de la Nación Argentina (m.c). Ex Ministro de Justicia de la Nación. Ex Procurador del Tesoro de la Nación. Ex Secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación. Ex- Presidente del Instituto Internacional del Ombudsman, Canadá. Consultor Internacional del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de ONU. Publicó 590 artículos de doctrina en Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Federación Rusa, Holanda, Hong Kong, México, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela, Uruguay. Pronunció 196 conferencias en Argentina y 81 en el exterior. Colaboró en 34 obras colectivas publicadas en Argentina y en el exterior. Tiene 6 libros publicados en Argentina y 2 en Taiwán y Uzbekistan.Condecorado por los Gobiernos de Francia, República Dominicana, Polonia y República de Taiwán. Defensor del Asegurado desde 2007.
Excelente entrevista, excelente contenido. Coincido totalmente. Es my lamentable que en varios países del mundo, pero particularmente de América Latina falte justamente el principal elemento en los gobiernos: transparencia. Eso permite el mayor de los males: la corrupcion.
Muchas gracias Doctor querido.