En su último pleno del 2017, el cuerpo siguió recomendaciones de organismos internacionales y de obligaciones asumidas por el Estado Argentino plasmadas en convenciones internacionales y, repasando legislación comparada, resolvió llevar adelante dichos cambios en el castigo impuesto por estos delitos, que tomaron especial relevancia durante los últimos años a partir del avance de las tecnologías.
La Comisión fue creada por el Presidente Mauricio Macri en febrero del año pasado, y está conformada, además de Borinsky, por el director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos Mauricio González Guerra; el fiscal Pablo Nicolás Turano; el camarista, Carlos Alberto Mahiques; la jueza Patricia Marcela Llerena; el titular de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), Víctor María Vélez; el procurador general de Salta, Pablo López Viñals; el juez de tribunal oral Guillermo Jorge Yacobucci; el abogado Fernando Jorge Córdoba y la jueza Patricia Susana Ziffer. Además, también participan los representantes del Ministerio de Desarrollo Social, Yael Bendel, y del Ministerio de Seguridad, Guillermo Soares Gache.
En este sentido, Mariano Borinsky, camarista de la Casación Penal y presidente de la Comisión encabezó en el Ministerio de Justicia la reunión de cierre del año de la comisión encargada de elaborar el anteproyecto.
El titular dio por finalizada la actividad anual tras unos cincuenta encuentros, destacando que el poder punitivo del Estado “quedará expuesto aquí de una manera moderna. Este será un nuevo contrato social, que refleja los intereses fundamentales de la sociedad argentina”.
“Dieciocho comisiones pasaron y estamos trabajando en el intento de unificar 100 años de reformas, y de creación de leyes especiales en un único digesto, posible, lógico, moderno, acordado y con penas de cumplimiento efectivo”, añadió.
Asimismo, el camarista de la Casación Federal destacó que el Ministerio de Justicia “abrió un canal de diálogo con la sociedad a través de la plataforma www.justicia2020.gob.ar, donde en el eje penal, la comunidad realizó importantes aportes, que han sido considerados en los encuentros de la Comisión”
En efecto, Justicia 2020 es un espacio de diálogo institucional y ciudadano cuyo objetivo es la elaboración, implementación y evaluación de políticas para construir, junto a la sociedad, una justicia que genere resultados socialmente relevantes y permita la solución de los conflictos en forma rápida y confiable.
Siguiendo esta línea, el nuevo Código incluirá los delitos contra la Humanidad, la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, el decomiso que procederá para todos los casos de delitos dolosos o imprudentes, y se aplicará también a los órganos de una persona jurídica. En adición, se estudia la posibilidad de incorporar al nuevo texto, Penas de Ejecución Comunitarias (PEC) a las condenas que no excedan los tres años.
La Comisión retornará a su actividad en el marco de la ronda de presentaciones en todo el país, cuya próxima parada será el 9 febrero en Mendoza, tras las realizadas en la Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en Salta y en Tierra del Fuego, entre otras provincias.