Entre el 14 y el 16 de mayo, representantes gubernamentales, del sector empresarial y la sociedad civil se reunieron para participar de la segunda edición del evento, denominado “Por una protección al consumidor efectiva e inclusiva”. Las jornadas estuvieron coorganizadas por la Secretaría de Comercio de la Nación y Consumers International.
Durante el evento se abordaron problemáticas relacionadas con temas de interés actuales y globales que afectan a los consumidores, como la seguridad de los productos, la protección de niños y adolescentes en el mundo digital, las asimetrías de información entre proveedores y consumidores y el desperdicio de alimentos, entre otros.
Es dable repasar que consumo responsable, responde a un concepto que defiende que los seres humanos deben cambiar sus hábitos de consumo ajustándolos a sus necesidades reales y a las del planeta, y escogiendo opciones que favorezcan el medio ambiente y la igualdad social.
La cumbre contó con la presencia de agencias y organismos de defensa del consumidor de Paraguay, Brasil, Uruguay, Corea del Sur, Australia, Sudáfrica, Japón, Alemania, Noruega, Estados Unidos, México y Arabia Saudita, entre otros países; la Organización de Estados Americanos (OEA); la Embajada de la Unión Europea en Argentina; la Federal Trade Comission de Estados Unidos; UNICEF; empresas como Google, Microsoft y Mercado Libre, diputados y senadores de la Nación y representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre otros.
Durante la apertura, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sostuvo que “debemos trabajar para reforzar la agenda de derechos de los consumidores, especialmente, la de aquellos en situaciones vulnerables e inequitativas con respecto a los proveedores”.
Además, los representantes se comprometieron a profundizar los puntos tratados en el encuentro, y a fortalecer el compromiso creado a través de la unión común con el objetivo firme de trasladar el esfuerzo realizado hacia otros ámbitos y espacios de discusión e, incluso, a la mesa de presidentes del G-20 que se reunirán en noviembre de este año.
Asimismo, entre las intervenciones registradas, se destacó la de la Directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Betilde Muñoz Pogossian, quien afirmó que “las asimetrías socio-económicas replicadas en lo político, se vuelven a replicar en las asimetrías de información sobre productos inseguros en el mercado. El Estado vuelve a ser clave como garante de esos derechos”.
“La desigualdad nos afecta por todos lados. Hay que combatirla”, concluyó.
La justicia, las instituciones sólidas y al consumo responsable son estamentos que emergen de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Respecto del desarrollo sustentable, en palabras del Licenciado Julián D’Angelo, señalan que "un estado socialmente responsable, es un estado sostenible, participativo, que cumple con la rendición de cuentas".
Encuentro de intercambio sobre ODS y el Poder Legislativo.
Por otra parte, el jueves 10 de mayo se realizó el encuentro “Difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Poder Legislativo”, en el Salón Delia Parodi de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN).
El Coordinador Residente de ONU en Argentina, René Mauricio Valdés, presentó el Sistema de Naciones Unidas en nuestro país y habló sobre el panorama global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), además de ahondar respecto del rol esperado del Poder Legislativo.
En este marco, Luis Di Pietro Paolo, Coordinador del Proyecto ODS en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) compartió los avances del Poder Ejecutivo Nacional y el trabajo que realiza el CNCPS en su rol de responsable de la coordinación, adaptación y seguimiento de la Agenda 2030 en Argentina.
Asimismo, hasta el 15 de mayo integrantes de las escuelas judiciales iberoamericanas presentaron ensayos basados en las metas generadas a partir del objetivo 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que busca promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
A su vez, entre las metas existentes destacan: Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo; poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños; promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos; reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas; crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles y garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales, además de promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible.