En tiempos donde la justicia precisa de elementos para continuar su avance hacia una respuesta cada vez más firme de cara a la sociedad, un elemento comienza a ganar fuerza en el territorio nacional.
El juicio por jurados es una herramienta que se encuentra presente desde hace más de un siglo y medio, pero que presenta un índice de implementación relativamente bajo. Sin embargo, esta dinámica se encuentra en franco crecimiento, al punto de que el Consejo de la Magistratura llevó adelante simulacros de esta índole con importantes resultados.
En este sentido, el Dr. Javier López Biscayart señaló que la modalidad “está desde la constitución de 1853 y siempre estuvo a partir de ahí”. Sin embargo, el especialista en Derecho Penal, Premio Konex 2008 y Juez Nacional en lo Penal Tributario en la Capital Federal expresó que lo que se preveía era que se implementara “una vez que el Congreso considerara que estaban dadas las condiciones, pero desde entonces nunca se implementó a nivel nacional”.
No obstante, aclaró que “hay juicio por jurados en Córdoba desde hace 50 años para delitos como homicidio”, así como también el caso más reciente en la Provincia de Buenos Aires, que se puso en marcha a principios de 2015, unos dos años después de que se sancionara la ley bonaerense.
En consonancia, como bien se apuntó anteriormente, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad llevó adelante una importante cantidad de simulacros a partir del programa “La Justicia y la Escuela”, en el que se replicaron los detalles de la nueva modalidad y se evaluaron casos testigo. En total, el programa lleva analizados un total de 70 ejercicios realizados entre escuelas privadas y públicas desde su creación en el año 2013.
Durante el año pasado, se trabajaron 16 simulacros basados en una causa de Grooming, con un resultado de 13 absoluciones y tres condenas. Además, en lo que va de 2017 los participantes trabajaron una causa por Amenazas y Noviazgo Violento, que se saldó con 14 condenas y seis absoluciones en los 20 ejemplos desarrollados.
Por otra parte, el Dr. Francisco Oneto, integrante de la comisión de Defensa del abogado del CPACF, opinó respecto de esta cuestión y afirmó que “la determinación de la responsabilidad penal de un ciudadano a través del juicio por jurados es una deuda constitucional que la Nación tiene consigo misma”.
"Presentar un juicio ante un jurado requiere del manejo de ciertas herramientas, que tienen que ver con la dialéctica, la oratoria y la persuasión que si quienes se enfrentan en el proceso no las manejan el resultado del juicio va a depender más del azar de que de la justicia”, advirtió.