Tras la aprobación del proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo por parte de la Honorable Cámara de Diputados, en los próximos días el Senado comenzará a debatir el texto planteado.
En este sentido, la discusión plantea varios puntos de análisis con posturas encontradas. Entre ellas, se destaca la incógnita respecto de la capacidad que el sistema de salud nacional, público o privado, ofrecería en pos de cumplimentar las demandas de la nueva norma.
Por caso, las instituciones han sabido modificar sus estructuras, adaptándose a los cambios y evolucionando ante la sanción de leyes impensadas en el pasado. Entre los ejemplos, es posible destacar estos patrones tras la aparición del matrimonio igualitario en el país.
En aquella oportunidad, la doctora Fedra Fontao, señalaba que la ley “debe amparar la familia, como núcleo dentro del cual el sujeto pueda desarrollarse y demostrar sus potencialidades de personalidad, dejando de lado el género y tomando en cuenta los roles de quienes la conforman”.
Sin embargo, la aplicación del artículo 23° del proyecto, que expresa “orden público y aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina”, invita a pensar que la actualidad sanitaria, en relación a una modificación de esta índole, es cuanto menos dudosa.
A su vez, los espacios e instituciones mencionados para dar cobertura, que incluyen al sector público de la salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, las entidades y agentes de salud de medicina prepaga, las obras sociales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, las obras sociales del Poder Legislativo y Judicial y las comprendidas en la ley 24.741 de Obras Sociales Universitarias, no garantizan el cumplimiento efectivo de lo que la interrupción voluntaria del embarazo demanda, al menos en este momento.
No obstante, existen problemáticas que demandan una solución aún más urgente, como es el caso de la adopción. Por caso, un relevamiento realizado en 2016 señalaba que el 92 por ciento de los interesados desea adoptar niños menores de un año y solo el 1,3 por ciento aceptaría niños de más de 12 años, en tanto que el 75 por ciento no acepta niños con situaciones leves y severas de salud.
Estas cifras, sumadas a las dificultades para avanzar en el proceso de adopción y a la enorme cantidad de adolescentes que esperan sin suerte un nuevo hogar, suponen un llamado a la reflexión.